Existe una gran polémica sobre si se puede hablar o no del estado antes del siglo XIX y de las revoluciones liberales burguesas hasta la aparición del sistema constitucional. Los autores que opinan que esto es así apuntan a la falta de una idea de soberanía, que existe en todo caso de un modo compartido entre rey, iglesia y señores. El poder en el régimen liberal se constituye por instituciones constituyentes o parlamentos mientras que anteriormente el poder estaba ya constituido de un modo histórico. En el mundo burgués existen clases frente a los estamentos que suponían un mundo de privilegios, feudo corporativo, y que plantea el principio de la diferenciación ante la ley. El mundo burgués es de igualdad ante la ley. Todo esto provoca que sólo se pueda hablar de estado a partir del régimen liberal burgués, algo que en España defienden Clavero, Albaladejo y Hespanna.

Otro planteamiento distinto a este es el que mantienen algunos historiadores que retrotraen el estado moderno a los siglos XIII y XIV, o por lo menos a las llamadas nuevas monarquías del finales del siglo XV. Según Artola se fraguó el desarrollo del estado moderno en diferentes campos. Uno de ellos es la consolidación territorial, tal y como sucede en Castilla con el final de la ocupación de Granada y en Francia con el final de la Guerra de los 100 Años. Se daría una ampliación del control de los soberanos sobre el sistema político, lo que supone una limitación de la influencia de los poderosos magnates feudales, despareciendo las mesnadas señoriales y siendo el ejército del rey el que se impone, formado por mercenarios. El ejército nacionales llegará con las revoluciones burguesas. Quienes defienden esta postura hablan también de un aumento de la sofisticación administrativa e institucional que lleva a un aumento de la burocracia. Todo esto en un momento en que se instaura un gobierno polisinodial (gobierno por consejos reales). También, según ellos, el estado moderno significa una independencia fiscal mediante la creación de una hacienda real con alcabalas y tercias en España, de una renta feudal centralizada… También surge una autonomía jurídica y legislativa: se puede apelar a las instituciones de justicia del rey, que es además el único que puede hacer ley. Esto conecta con el regalismo: el rey interviene en los asuntos de la iglesia tal y como sucede en el caso hispano con el derecho de presentación por el que el rey elige a los obispos en España. Este regalismo también existe en Francia, y en algunos casos llega incluso a la asunción de la supremacía espiritual por parte de los príncipes, con la dirección de la iglesia por parte de ellos tal y como sucede con Enrique VIII de Inglaterra.
Europa conoció diferentes formas de organización política: monarquías, imperios, ciudades estado, repúblicas… Los historiadores que más insistieron en la formación de un estado moderno fueron los nacionalistas del siglo XIX, que plantean la existencia de unos padres fundadores para los estados de Europa. Entre estos autores está el historiador Michelet. Esto habría ocurrido en Francia con Luis XI, Carlos VIII y Francisco I, en Inglaterra con Enrique VII y Enrique VIII, en España con los Reyes Católicos y Carlos V, en Suecia y Finlandia con Gustavo I, en Rusia con Iván III.

El otro punto de vista es el que plantea que la supuesta expansión de las monarquías del siglo XVI no supuso ni la consolidación de un estado ni la formación de la nación. Plantea que existen unas dinastías patrimoniales, compuestas, donde el interés era dinástico y no estatal, con unas herencias múltiples e incorporaciones de territorios que venían por matrimonios, herencias, conquistas… Esta triple articulación dio lugar al establecimiento de una serie de monarquías diversas, patrimoniales y no de estados confederados. Se puede hablar de “agregación” y no de “integración”. Son diferentes reinos agrupados por diferentes territorios y por múltiples comunidades, corporaciones, órdenes sociales… Su única base de consolidación radicaba en el gobierno de un solo señor. Este rey comú gobierna con una idea de patrimonialización donde se privatiza lo público, por lo que existe el estado como una entidad abstracta.
Otros autores hablan de absolutismo y de un rey por encima de la ley: princeps legis solutus est.